“Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados”. Levítico 16: 21.

El chivo expiatorio, por supuesto, y no en teoría, sino en la práctica. La teoría ha sido muy útil: fueron chivos los judíos en la Alemania de la crisis económica del 29; también el dictador demonizado Sadam Husein y su pueblo tras el 11 de septiembre, una “página pasada” hoy con 100.000 muertos. La receta es tan estúpida que es asombroso que todavía funcione.

La explicación económico-filosófica de las indecentes medidas de expulsión del pueblo romaní en Francia y otros países europeos, llámense gitanos, tsiganes o gypsies, es compleja pero fácil de digerir. Mientras las riquezas mundiales sigan tan mal repartidas como en la actualidad, la inmigración será una realidad. Y la designación de los inmigrantes como chivos expiatorios “criminalizados” es el último instrumento para proteger la cohesión nacional cuando se hunden los sistemas de valores tradicionales.

En Francia, todo comenzó en julio de 2010 cerca de Orleáns. Unos franceses de la comunidad gitana saquearon una gendarmería e hirieron a los agentes después de que muriera en un tiroteo uno de los suyos. El jefe del Estado respondió ordenando la expulsión inmediata de varios miles de rumanos de la comunidad gitana a su país. Muchos aceptaron el viaje y los 400 euros que les ofrecían, porque saben que pueden volver dentro de unos meses, con Rumania dentro del espacio Schengen de libre circulación. Pero la campaña contra ellos se extendió a las “personas itinerantes”. Una andanada de afirmaciones e intenciones discriminatorias y racistas fue difundida por los ministros Hortefeux y Besson, así como por el presidente Sarkozy. Se habla de “desnaturalizar” a las personas de origen extranjero. Se anuncia la revocación de la nacionalidad francesa para personas “naturalizadas” o para personas nacidas en Francia de padres de origen extranjero, además de otras medidas delirantes que exigen a los franceses nacidos en el extranjero, o de padres franceses nacidos en el extranjero, que ofrezcan “pruebas” de su nacionalidad francesa para la simple renovación de su documento de identidad.

Las reacciones en el extranjero son conocidas. The New York Times titula “Xenofobia: expulsar al no francés”. The Times evoca a la Gestapo. The Wall Street Journal habla de “maniobra populista”. Para el Süddeutsche Zeitung, “Nicolas Sarkozy multiplica los gestos”, cosa que es cierta. La Stampa teme la llegada de los gitanos procedentes de Francia a Turín… El diario búlgaro Sepa evoca la “deportación oficial más masiva de Europa desde la II Guerra Mundial”, pese a que Bulgaria es más responsable que cualquier otro país de la dramática situación de sus gitanos, rumanos o no. Y artículos que recuerdan sin matices ni efemérides que lo justifiquen la redada del Vel d’Hiv de julio de 1942. Pero también reacciones acertadas en el tono y el contenido como la del Devoir de Quebec, para el que “esta escalada contra los inmigrantes, gitanos y otros marginales se contradice con la trilogía republicana -libertad, igualdad, fraternidad- y con el artículo 1 de la Constitución, que garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, sin distinción de origen, raza ni religión“.

Ante esta demostración de buena conciencia internacional, las reacciones francesas han pasado inadvertidas. Sin embargo, el 18 de agosto el editorial de Le Monde condenaba con más firmeza que de costumbre la política “cínica de un jefe de Estado que parece querer, ante todo, asegurarse la victoria en 2012. El presidente construye ese mismo muro. El de los prejuicios, los estereotipos, los enemigos interiores. Con su brutalidad física y verbal, el poder cierra la puerta a toda reflexión inteligente”.

Después llegaron las de algunos socialistas y miembros de la mayoría presidencial. Y personalidades como Daniel Castagne, vicepresidente del Tribunal de Primera Instancia de Nantes, que, obligado a ordenar la evacuación de un campamento ilegal de gitanos, denuncia “en nombre del pueblo francés”, “las carencias del Estado”. “Los Rom no se mueven dentro de nuestros códigos rígidos pero tienen derecho a una vivienda, una escuela y un médico”, dice la actriz francesa Fanny Ardant en nombre de la asociación Dosta de Lucha contra los prejuicios y los estereotipos sobre los gitanos. Y ahora la campaña “Contra la xenofobia de Estado”, lanzada por 130 organizaciones con el apoyo de partidos, sindicatos y de la Unión Romaní y su presidente, Juan de Dios Ramírez-Heredia, con un llamamiento a “organizar acciones de solidaridad y manifestaciones también en el extranjero, ante las embajadas”; la primera se llevó a cabo el 4 de septiembre en la Place de la République en París y en varias ciudades.

Ahora bien, la política incalificable del Gobierno francés no impide ver lo que ocurre en otros lugares. Según los datos del diario Le Figaro, de los 500 millones de ciudadanos europeos, aproximadamente 10 millones son “gitanos”. En 2008, Italia empezó a fichar a los habitantes de los campamentos de nómadas y a tomarles las huellas digitales. En Alemania, existe la orden de expulsar “por etapas” a unos 10.000 romaníes sin permiso de residencia. En el Reino Unido, se proyecta la creación de una nueva figura delictiva que permitiría a los policías detener a quienes se nieguen a expulsar de sus tierras a los 200.000 gypsies que las ocupan de forma ilegal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a la República Checa por matricular obligatoriamente a los niños gitanos en escuelas especiales para discapacitados mentales. Pese a las ayudas sociales de la UE, en 2008 la ONU reclamó a Atenas que tomara “medidas urgentes” para mejorar la “desesperada” situación de los gitanos. En Suecia, los gitanos son una minoría reconocida, pero el 80% de los adultos están en paro y la mayoría de los niños no acaba la educación primaria. España es el país que sale mejor parado: el Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 2010-2012, con un presupuesto de 107 millones de euros a lo largo de tres años, prevé acciones en materia de “educación, sanidad y vivienda, así como a favor de las mujeres” para los 800.000 gitanos que viven en el país.

En cuanto a Francia, tal vez enferma de identidad pero, sobre todo, de un Gobierno maniqueo y obsesionado por la reelección, sigue siendo, con todo, “el país de Europa con más budistas, judíos y sobre todo musulmanes, ateos y agnósticos”, escribe el historiador y politólogo Patrick Weil. El país en el que la adhesión al principio de laicidad es más elevado y el sentimiento de pertenencia a una misma nación más fuerte que en ningún otro lugar de Europa, según el Pew Research Center. “En el Reino Unido, solo el 7% de los musulmanes se sienten británicos por encima de todo, mientras que en Francia son un 42% los que se sienten sobre todo franceses, incluso sin serlo oficialmente”. Es también, según un sondeo de The Financial Times-Louis Harris, el único país de Europa en el que la mayoría de los musulmanes (74%) tiene una opinión favorable de los judíos y el único en el que la mayoría de la población (69%) dice tener uno o varios amigos musulmanes, frente al 38% de los británicos y el 28% de los estadounidenses.

¿Se trata, pues, de un fracaso total de la integración a la francesa? De ninguna manera, aunque quede mucho por hacer, sobre todo respecto a los jóvenes desempleados y sin educación de las banlieues. Nos encontramos, más bien, ante la fabricación de un chivo expiatorio. “Desde 2007, las decisiones tomadas por las máximas instancias del Estado enturbian todo y agudizan las tensiones”, escribe Patrick Weil. La crispación identitaria viene de arriba, orquestada por las campañas sin justificación alguna sobre la identidad nacional o por la creación del Ministerio de Inmigración, todo ello salpicado de pequeñas expresiones discriminatorias e incluso racistas por parte de quienes deberían dar ejemplo y no evocar los fantasmas de otras épocas.

“¡Pensémoslo! Aquel a quien se castiga no es quien ha cometido el delito. Es siempre el chivo expiatorio”. Friedrich Nietzsche.

Nicole Muchnik es escritora y pintora. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

fuente: EL PAÍS 

Carta al presidente Sarkozy

Ninguna sociedad es racista en sí misma. Es estúpido e injusto decir que “Francia es un país racista”

Señor presidente, tengo la suerte de gozar de dos nacionalidades: soy marroquí y francés desde 1991. Soy feliz de pertenecer a dos países, a dos culturas, a dos lenguas y lo vivo como un permanente enriquecimiento.

Tras sus declaraciones de Grenoble sobre la posibilidad de retirar la nacionalidad francesa a toda persona que cometa un delito grave, siento mi nacionalidad francesa algo amenazada, o cuanto menos fragilizada. No porque tenga intención de caer en la delincuencia y alterar gravemente el orden público, sino porque lo vivo como un ataque al pedestal fundamental del país, su Constitución.

Y eso, señor presidente, no es admisible en una democracia, en un Estado de derecho como Francia, que sigue siendo pese a todo el país de los derechos humanos, el país que ha acogido y salvado a cientos de miles de exiliados políticos en el siglo pasado.

Usted declaró en el 2004, cuando era ministro del Interior, que “para cada delito debe haber una respuesta firme. Pero esta no puede variar según de dónde se sea, según el carnet de identidad sea francés o no”. El presidente que usted es hoy contradice al ministro que usted fue. Eso me lleva a reflexionar sobre su función y responder tardíamente al debate que uno de sus ministros creyó oportuno lanzar sobre la identidad nacional. La nacionalidad es parte de una identidad. Puede ser doble, como es mi caso. Yo no me veo privado de ninguna de las dos, me sentiría disminuido.

Por otro lado, ninguna sociedad es racista en sí misma. Es estúpido e injusto decir que “Francia es un país racista”. Francia, como tantos países, se ve traspasada por tendencias proclives a la exclusión y al racismo, a veces por causas ideológicas y políticas, y en otras ocasiones por razones de enfermedad social, pobreza y miedo. Hacer una amalgama entre inseguridad e inmigración es más que un error, es una falta. El papel de un dirigente político es desalentar, incluso impedir que estas tendencias se desarrollen. Un jefe de Estado no debe reaccionar por sus humores o sus tripas. Al revés, no es un ciudadano que pueda permitirse decir cualquier cosa. Es alguien que debe sopesar sus palabras y medir las consecuencias que pueden acarrear. La historia guarda sus declaraciones, las buenas y las malas, las justas y las inoportunas. Su quinquenio quedará marcado por algunos de sus excesos lingüísticos. Cualquier persona insultada tiene derecho a reaccionar. Un jefe de Estado, no. No es que alguien esté autorizado a faltarle al respeto, sino que un presidente debe situarse por encima del nivel del ciudadano medio. Es usted un símbolo, portador de una noble y excepcional función. Para llenar esta función, para consolidar esta ambición, hay que saber tomar altura y no ceñirse a los hechos hasta el punto de olvidar que es usted un ciudadano de excepción.

Haya salido de un partido que defienda valores de derecha o de izquierda, el jefe de Estado, porque ha sido elegido por sufragio universal, debe ser el presidente de todos los franceses, incluidos los franceses de origen extranjero hasta cuando la desgracia golpea su destino o les predispone a una precariedad patógena. Sus declaraciones recientes, denunciadas por un editorial de The New York Times y por personalidades tan importantes como Robert Badinter, son la evidencia de un patinazo que quizá le proporcionará algunos votos del Frente Nacional en el 2012, pero que, señor presidente, le coloca en una situación difícilmente defendible. Entiendo su preocupación por la seguridad. No encontrará a nadie que defienda a los ladrones que disparan contra agentes de la policía o la gendarmería. Ahí está la justicia para dar una “respuesta firme” a esos delitos; deben ser juzgados sin que sus orígenes, su religión o el color de su piel sean tenidos en cuenta. Si no, caeríamos en el apartheid. Pero la represión no es suficiente. Habrá que ir a las raíces del mal y sanear de manera definitiva la dramática situación de las banlieues.

Es más fácil suscitar la desconfianza, incluso el odio, al extranjero que el respeto mutuo. Un jefe de Estado no es un policía al que le han mejorado su condición. Es el más alto magistrado, cuyas conducta y palabras deben ser irreprochables. Es el garante de la justicia y del Estado de derecho. Cuando usted, señor presidente, promete arrebatar la nacionalidad a los delincuentes de origen extranjero que pongan en peligro la vida de un policía o de un gendarme, aplica un discurso que la Constitución rechaza. Sabe que la aplicación de una ley como esa, si es votada, crearía más problemas de los que resolvería. No le corresponde a usted lanzar esta amenaza.

Señor presidente, usted debe saber sin duda lo que la oenegé Transparence France ha escrito en su último informe. Por si se le había escapado, le cito una de sus conclusiones: “Francia sigue mostrando una imagen relativamente degradada de su clase política y de su administración pública”. Francia, por otra parte, está clasificada en el puesto número 24 del ranking, sobre 180 países, en lo referente a corrupción. La crisis económica no es una excusa.

La crisis moral es un hecho. Le corresponde a usted, señor presidente, restablecer la imagen de Francia en lo que ella tiene de más bello, de envidiable y de universal, es decir, su estatus de país de los derechos humanos, país de la solidaridad y la fraternidad proclamadas, tierra generosa, rica por sus diferencias, rica por sus colores y sus especias, mostrando que el islam es compatible con la democracia y la laicidad. Por ello, señor presidente, le ruego que borre de su discurso las desgraciadas ideas que un partido de extrema derecha difunde con el objetivo de cerrar este país sobre sí mismo, aislarlo y traicionar sus valores fundamentales. Reciba, señor presidente, la expresión de mis mejores deseos.

 Tahar Ben Jellou, escritor

fuente: LA VANGUARDIA

En la actualidad asistimos a un renacimiento de experiencias que buscan construir espacios sociales y económicos ajenos a la racionalidad y formas de organización típicamente capitalista. A ello ha contribuido, sin duda, la emergencia de una sociedad civil mundial que, a través de foros de encuentro y redes de movimientos, nutre el intercambio y el diálogo entre las diferentes iniciativas que se elevan por todas las latitudes. En el Sur, particularmente en América Latina, la economía solidaria se ha visto impulsada por el descubrimiento del papel que desempeña la economía popular en la reproducción social y por el reconocimiento que merecen determinadas prácticas tradicionales de carácter comunitario presentes en realidades campesinas e indígenas; en el Norte, por su parte, resurgen a resultas tanto de la crítica a la ceguera del mercado en relación con las necesidades sociales como de la insatisfacción que provoca la gestión burocratizada de los servicios suministrados por el Estado. Por otro lado, la recurrencia de crisis económicas en el capitalismo empuja a experimentar entre los sectores afectados con estrategias basadas en la ayuda mutua y la reciprocidad como una vía alternativa de lucha contra el deterioro continuado de su bienestar (v.gr., mediante huertas, cocinas y comedores vecinales, empresas de inserción sociolaboral, colectivos de parados que impulsan iniciativas de autoempleo, cooperativas que promocionan la autoconstrucción, etc.).

A estos factores se suman otros asociados a los cambios que caracterizan a las llamadas sociedades posindustriales. En ellas, nuevas formas de organización del trabajo exigen al empleado mayor implicación y una mejor actitud de cooperación en el seno de equipos de trabajo colectivo, al tiempo que, en la estructura económica, va adquiriendo una creciente importancia el conocimiento y la prestación de servicios (incluidos los de proximidad y cuidado a las personas) que se compadecen mal con un tratamiento meramente mercantil. En la información, el conocimiento y los servicios a las personas están presentes rasgos propios de los bienes públicos y sociales, resintiéndose la calidad y cantidad de su provisión cuando actúa como única instancia el mercado.

Por estas y otras circunstancias, se van abriendo paso en la actualidad numerosas iniciativas que -situadas muchas de ellas en los márgenes del sistema económico (en áreas improductivas ocupadas por trabajadores sin tierra, en vertederos donde se recupera lo que otros desechan, etc.) o en la esfera de reproducción doméstica que subyace a la del mercado (producción para el autoconsumo, de bienes relacionales, [ 1 ] servicios de atención a mayores y cuidado de niños, etc.)- se convierten en campo de experimentación para colectivos que retoman aquí y allá el cabo suelto de la autogestión.

Pero la aspiración autogestionaria no es la única fuente de alimentación de la economía solidaria. Ésta, al ser el resultado de la confluencia de múltiples procesos de acción colectiva, se encuentra igualmente troquelada por las enseñanzas e influencias de los movimientos ecologista y feminista, así como por la práctica de la solidaridad internacional; y, en este sentido, bajo la influencia de los movimientos sociales estas experiencias se convierten también en un desafío para el saber económico establecido. Desde el plano de la praxis desvelan la estrechez de miras de la economía convencional (sólo preocupada por lo que tiene traducción monetaria y se intercambia en el mercado) y cuestionan la validez de muchas de las categorías y formas de razonar que habitualmente utiliza (un razonamiento fragmentario regido únicamente por la lógica unidimensional del beneficio). En cierto modo, la economía solidaria es la prueba más evidente de que otra forma de economizar es posible.

Otra economía es posible porque en las actividades económicas están presentes otras motivaciones, centralidades y propósitos que van más allá del interés propio como principio único de la conducta individual, del capital como factor central de impulso de la actividad y del lucro como única finalidad. La economía solidaria tiene la virtud de reconocer esa base plural en las motivaciones y estrategias de conducta (al lado del egoísmo y el comportamiento competitivo, también se encuentra la solidaridad y la actitud cooperativa); tiene la valentía de plantear la centralidad del trabajo en la economía; y goza de la clarividencia para no confundir la creación de riqueza con el objetivo del enriquecimiento privado. Sus partidarios suelen recordar las apreciaciones de los antropólogos acerca de los distintos principios que regulan la actividad económica: junto a las relaciones de intercambio, propias del mercado, existen también principios de reciprocidad y redistribución que es necesario profundizar para que la economía se oriente efectivamente hacia la satisfacción de las necesidades humanas y al desarrollo de las capacidades personales. Asimismo, desde estas experiencias se apresura a reconocer que determinadas dimensiones (antropológicas, sociales y ambientales), habitualmente ocultas en la visión convencional de la economía, son condiciones fundamentales para el bienestar social, y que en la generación y gestión de este no basta con el mercado sino que precisan también del concurso de otras instituciones (Estado, comunidad y esfera familiar)

En definitiva, otra economía es posible cuando se contemplan otras motivaciones, centralidades, finalidades, regulaciones, dimensiones e instituciones que permiten alumbrar otras conductas sociales. No cabe excluir de la sociedad humana comportamientos morales, solidarios o altruistas. El protagonismo de unos u otros dependerá, en gran medida, del tipo de sociedad en que se viva. En sociedades competitivas, los comportamientos egocéntricos suelen tener más éxito que aquellos otros basados en la reciprocidad y la ayuda mutua, pero una sociedad caracterizada por la cooperación tenderá a favorecer los comportamientos altruistas en detrimento de los egoístas. En consecuencia, la inclinación hacia la solidaridad o hacia el egoísmo no es en absoluto algo intrínseco de las personas.

Depende en gran medida de los contextos y de las normas e instituciones con las que nos regulemos. Esto plantea la exigencia de un trabajo colectivo de diseño de esas normas e instituciones, tarea que es eminentemente política y que necesita ensayo y experimentación, además del cultivo de una determinada cultura moral.

De ahí el valor de las experiencias de la economía solidaria, que si bien aún no tienen una gran trascendencia desde un punto de vista macroeconómico, ofrecen en un plano micro valiosas enseñanzas. La economía solidaria replantea el sentido y la finalidad de la empresa como institución social, lo que equivale a repensar sus fundamentos (esto es, cómo se combina el ejercicio de la libre iniciativa con los diferentes tipos de propiedad, con el carácter social del trabajo y las necesidades de la colectividad), sus normas de organización (en relación con la participación en la toma de decisiones y distribución de los excedentes) y sus principios de funcionamiento y responsabilidad (no sólo frente a propietarios y trabajadores, sino también frente a un círculo más amplio formado por proveedores, clientes y, en general, la comunidad en la que se inserta). La democratización de la empresa se contempla, desde esta perspectiva, como base para la extensión de un orden democrático más amplio.

Está por ver en qué medida ese vínculo entre autoorganización del trabajo y democratización de la sociedad es sólido y practicable. Quedan todavía muchas cuestiones por abordar, en especial, repensar el papel del Estado con el fin de que pueda, no sólo impulsar la expansión y articulación de las diferentes experiencias a lo largo de los distintos momentos del ciclo de la actividad económica (las finanzas, la producción, la comercialización y el consumo), sino también favorecer que la economía solidaria se dote de una lógica sistémica de reproducción que permita su desarrollo a lo largo del tiempo como una alternativa al capitalismo.

 notas:

[ 2 ] Y queda repensar la función del Estado para que, si se lograra lo anterior, la intervención pública no sofoque la vitalidad de una sociedad civil de la que dependen estas prácticas al estar arraigadas en lo más profundo del tejido comunitario.

[ 1 ] Los bienes relacionales y comunitarios son fruto de las relaciones interpersonales informales que surgen de la convivencia familiar y social. Por sus características singulares resultan fundamentales para una adecuada reproducción social y, sobre todo, para la mejora de la calidad de vida de las personas.

fuente: Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global nº 110, Otoño 2010

LIBRO:

ECONOMÍA ECOLÓGICA: REFLEXIONES Y PERSPECTIVAS
SANTIAGO ÁLVAREZ CANTALAPIEDRA Y ÓSCAR CARPINTERO (EDS.) (reseña)

«De ETA es vano esperar nada. Lo más recomendable ante comunicados como el presente es no hacerles el menor caso. El único género de comunicado atendible sería el que anunciase el fin definitivo de la banda, su disolución»

ANTE todo, creo que no sería honesto por mi parte ocultar que lo que ETA diga o deje de decir me parece irrelevante para la erradicación del terrorismo nacionalista, un fenómeno que está en clara recesión desde hace varios años, a través de los cuales ha quedado suficientemente demostrado que los únicos medios para terminar con semejante lacra son la acción policial y la de los tribunales de justicia, ajustadas ambas a las leyes del Estado de Derecho. Como la propia banda afirma en su comunicado, no hay atajos practicables. Es obvio que ETA entiende esta expresión en los términos de su propio delirio congénito, que la hace creerse un Estado virtual, pero cabe esperar que el Gobierno la interprete a partir de la funesta serie de experiencias acumuladas por el socialismo español en su tratamiento del problema terrorista desde la primera legislatura de Felipe González a la primera de Rodríguez Zapatero. Es decir, lo que nos debería preocupar no es si ETA tiene esta vez una intención sincera de renunciar a la violencia, sino si el PSOE posee una memoria y es capaz de extraer de la misma consecuencias prácticas.

El comunicado de ETA no presenta la mínima novedad respecto a los que anunciaron las mal llamadas «treguas» en anteriores ocasiones, si prescindimos del indecente detalle de felicitarse a sí misma por su quincuagésimo cumpleaños. Dudo de que a estas alturas sea motivo de celebración incluso para muchos de los partidarios de la izquierda abertzale, que no podrá regresar a la política sin manifestar antes, de un modo explícito e inequívoco, su condena de la banda. El resto de los vascos no tiene de qué alegrarse. Ha sido medio siglo de sufrimiento y brutalidad, del que la recuperación apenas ha empezado. Por lo demás, el comunicado insiste en lo de siempre: la disposición de ETA a optar por nuevas vías si desde el Gobierno se levantara el bloqueo político que impide alcanzar la independencia y el socialismo mediante procedimientos democráticos.

¿Cómo hay que entender esta cháchara? ¿Está reclamando ETA la legalización de sus apéndices políticos —Batasuna, PCTV, ANV, etcétera— o quizá, directamente, un referéndum de autodeterminación? Nada de eso. Como de costumbre, los terroristas recurren a la vaguedad y a la imprecisión como método. Una oferta de cese permanente de la violencia a cambio de la legalización de la izquierda abertzale y de una amnistía para los etarras presos sería, por supuesto, inaceptable, pero supondría algo concreto. Sería inaceptable, aclaro, porque cualquier Gobierno que se aviniera a negociar en tales términos se haría directamente responsable de la más que segura reanudación de los atentados al día siguiente de poner en la calle al último preso de ETA. Sin violencia, el nacionalsocialismo de la sopa de siglas de la izquierda abertzale no alcanzaría representación parlamentaria alguna. Tienen razón los que, como Joseba Arregui, sostienen que el independentismo se ha deslegitimado tras cincuenta años de violencia terrorista, pero habría que añadir que, sin la presión del terrorismo, las opciones políticas independentistas se disolverían rápidamente. Solo una ínfima minoría de la población vasca votaría por la barbarie cultural, la zozobra civil y la ruina económica inevitable —y mucho más en una época de crisis global— sin la amenaza de las pistolas o de los cócteles molotov, y eso lo saben no solamente los nacionalistas radicales, sino todos los nacionalistas, sean del PNV o de Eusko Alkartasuna, aunque a estos se les llene la boca al hablar del futuro glorioso que depararía al nacionalismo la desaparición de ETA. Lo hacen desde la íntima convicción de que la banda, de un modo u otro, no dejará de hipotecar la política vasca, y de que la primera consecuencia del desvanecimiento del terrorismo sería el hundimiento político de los secesionismos en todas sus formas.

DE ETA es vano esperar nada. Lo más recomendable ante comunicados como el presente es no hacerles el menor caso. El único género de comunicado atendible sería el que anunciase el fin definitivo de la banda, su disolución, pero está claro que no caerá esa breva. Al menos, de momento. No se dan las condiciones. La izquierda abertzale, que sobrevive en una curiosa ilegalidad no clandestina y que cuenta aún con un número significativo de alcaldes y concejales, no es el Sinn Fein, nunca lo ha sido y nunca lo será. La dirección política de ETA está en ETA, no fuera de ella. Tendría algún sentido presionar al nacionalismo radical para que rompa con la banda —aunque el resultado parece más que dudoso—, pero sería un error hacerle cualquier tipo de concesión en la confianza de que impondrá a ETA el fin de la violencia. Esto es sencillamente inimaginable, aun con un recambio de líderes. La única disyuntiva razonable que cabe presentar a la izquierda abertzale es la ruptura sin paliativos con ETA y el consiguiente retorno a la legalidad, o su marginación absoluta del sistema democrático. No cabe otra, y sería del todo inadmisible que cualquier charlatán inédito en comisión de servicios de la banda, como lo fue en su momento Arnaldo Otegui, volviera a suscitar esperanzas en el Gobierno y se granjease de su presidente el marbete de «hombre de paz» sin coste alguno.

¿QUÉ pretende entonces ETA con el último comunicado de «alto el fuego»? Lo de siempre. No ofrece nada concreto, salvo la tregua, que le permite asumir, con el pretexto de su voluntad de diálogo, la apariencia de un interlocutor benevolente, a la espera de que el Gobierno haga el primer movimiento. Y en esto no conviene engañarse. Cualquier respuesta a dicho comunicado que denote, aunque sea mínimamente, que se concede a ETA algún grado de credibilidad será rentabilizado de inmediato por la banda como una victoria moral y deslegitimará no solamente al Gobierno, sino al Estado mismo. Los casos precedentes en que la banda consiguió minar a este, gracias a la estupidez y al oportunismo de los dirigentes socialistas, son como para tenerse en cuenta. Por supuesto, sería terrible enterarse de que, como insinuaba hace algunos meses Jaime Mayor Oreja, el Gobierno o el partido que lo mantiene han sostenido negociaciones secretas con la izquierda abertzale con vistas a un cambalache que despeje los obstáculos legales para la participación de la misma en las elecciones locales a cambio de este miserable anuncio de tregua. Espero sinceramente que no sea así, porque, de lo contrario, estaríamos ante la prueba definitiva de que el socialismo español solo sirve para socavar la legalidad democrática. En lo personal, representaría una decepción insuperable, porque el propio pacto de gobierno en el País Vasco entre el PSE y el PP se revelaría como una maniobra socialista para encubrir una operación partidista y, además, lo que es peor, absurda y nociva. Mis esperanzas de que en mi tierra natal existan aún fuerzas capaces de restaurar una auténtica democracia se derrumbarían, así que prefiero no pensarlo mientras, como ETA, me mantengo a la expectativa de la reacción del Gobierno, haciendo votos para que esta llegue en el sentido diametralmente opuesto al previsto por los terroristas.

fuente: ABC

Por el momento, el último comunicado sigue perteneciendo al género preferido por los estilistas de la banda: la política-ficción. No solo nos perdonan la vida, a pesar de lo mal que nos hemos portado, sino que nos dan otra oportunidad de convertirnos en buenos demócratas, aunque sea en el nivel inferior y mínimo. El más elevado lo ocupan ellos, claro, y justo un poco por debajo Batasuna, guardiana de las vías exclusivamente pacificas. A los demás se nos da ocasión de convertirnos y volver al redil. Ellos, por su parte, están dispuestos a olvidar generosamente el pasado: que se les pague lo que se les debe políticamente, y por lo demás sin rencores, pelillos a la mar.

Pues va a ser que no. Democracia es lo que hay, no lo que ellos y sus servicios auxiliares han querido imponernos. Los que no tendrán más remedio que cambiar el chip son precisamente quienes no han logrado cambiar por la fuerza a todo el resto de la sociedad. Para que se vayan haciendo a la idea: el País Vasco después de ETA será el que hemos defendido estos años contra ETA, no el que ETA pretendía instaurar ni tampoco un acomodaticio cruce entre ambos.

De ahí no nos han movido por las malas, ni tampoco nos moverán por las buenas… O las engañosamente buenas. Por supuesto, Euskadi seguirá transformándose y modificando su rumbo político, como el resto de España, pero lo hará de acuerdo con sus mayorías democráticas y no para acoger a quienes solo son demócratas con condiciones. Que los etarras no se ocupen de hacer política, que para llegar a ese oficio todavía les faltan dos pasos importantes: entregar las armas y rendir cuentas de sus fechorías.

Probablemente esta frenada turbulenta y rechinante es a cata y prueba: hasta ver si Batasuna o cualquiera de sus filiales logra obtener plaza en las próximas elecciones. Un atentado a destiempo obligaría a los abertzales a definirse con su silencio o su condena, ambos escenarios malos para la causa. De modo que, de momento, nada de agresiones, para que cuando se exija a Otegi y compañía que condenen a ETA o renuncien a la lucha armada puedan decir con tono de inocencia ofendida: “¿Qué vamos a condenar y a qué vamos a renunciar? Pero si de eso ya no hay…” Y si llega la cita electoral y no logran colarse de rositas, ya veremos si el motor del camión no vuelve a ronronear de nuevo, amenazando con ponerse en marcha…

 fuente: EL PAÍS

ABC: Sólo la rendición

EL PAÍS: ETA en su callejón

LA VANGUARDIA: Frustrante

EL PERIODICO: Una resposta ferma , intel.ligent i unitària

LE MONDE: Scepticisme après l’annonce d’un cessez-le-feu de l’ETA

THE NEW YORK TIMES: Basque Group Announces a Cease-Fire

Cuando el presidente del Gobierno anuncia que está dispuesto, para obtener el apoyo del PNV, a pactar nuevas transferencias dentro del marco estatutario, incurre en la más flagrante desviación de poder y subvierte las bases esenciales y los principios que inspiran al Estado autonómico. Con esa declaración Rodríguez Zapatero viene a reconocer que la formalización de esas transferencias pendientes, así como su contenido o valoración, puede depender de que llegue a un acuerdo con el PNV.

Cualquier estadista que merezca tal calificativo debe saber que el transferir las competencias es algo obligado si las mismas se integran en lo previsto en el Estatuto, y que el uso del artículo 150.2 de la Constitución sólo es lícito si el resultado conviene a la mejor organización y funcionamiento de los poderes públicos, para beneficio de los ciudadanos españoles en su conjunto.

Lo que no se puede admitir es un desarrollo constitucional y estatutario condicionado por el juego de alianzas políticas, que agrave las asimetrías inevitables y originarias del Estado autonómico previsto en la Constitución, en el que de manera inaudita el pacto se cocine con un partido de la oposición en vez de con el Gobierno vasco, a quien por ley le corresponde ser el único interlocutor del Gobierno de la nación, y que el cauce elegido sea el de la negociación presupuestaria en vez del establecido en el Estatuto.

Ya el pasado año Rodríguez Zapatero hizo algo insólito e inadmisible: para obtener sus votos otorgó al PNV un derecho de veto, por un año, de las transferencias sobre política de empleo que el Gobierno vasco había negociado. Nunca se había dado una violación estatutaria y un desaire a un Gobierno autonómico de tal calibre. Si ahora el buen fin de la negociación con el PNV dependiera de la transferencia de determinadas competencias, con un determinado contenido o valoración, no sólo estaríamos ante un uso torticero del poder, sino que además se enviaría un mensaje desolador a quienes creen en el cambio político en Euskadi: el Gobierno vasco no pinta nada; ni siquiera sabe valorar las competencias a recibir; la normalización democrática y el cambio político en Euskadi ceden ante la necesidad de Rodríguez Zapatero de agotar su legislatura; y quien manda de verdad aquí es el PNV, el único que defiende los intereses de los vascos y obtiene resultados tangibles.

Si para lograr el apoyo del PNV hubiera que poner en almoneda al Estado, y de paso lanzar un torpedo letal al proceso de cambio en Euskadi, más valdría que Rodríguez Zapatero convocara elecciones generales, sin excusarse por la crisis económica actual, que probablemente se resolvería mejor, como en el Reino Unido, después de las mismas.

Cuando un presidente tiene que cambiar radicalmente el programa con el que se presentó a las elecciones, por el que fue votado e investido; cuando está tan aislado que sólo resistiría a base de pagar un precio exorbitante al PNV, comprometiendo la estructura del Estado, algo que en todo país democrático sensato queda al margen de lo negociable en unos presupuestos; cuando precisamente la difícil situación económica exige un Gobierno fuerte; cuando todo ello ocurre, es cuando más se necesita que los ciudadanos se expresen en las urnas. En democracia existen unos usos y reglas que, aún no escritas, se deben respetar, como la de dar la palabra a los ciudadanos si el escenario político actual y su futuro inmediato son radicalmente distintos de los que se percibían cuando en 2004 fueron elegidos el Congreso y el Senado, y si el presidente defiende y propone lo contrario de lo que ofrecía y aseguraba todavía hace pocos meses.

Si a un secretario general se le puede disculpar que actúe en términos de conveniencia partidaria, el presidente de cualquier Gobierno democrático sólo puede decidir y actuar desde la ética de la responsabilidad, en función de lo que en cada momento conviene a la nación y a los ciudadanos. Y el cumplimiento de esta exigencia democrática no puede demorarse o soslayarse, si para ello hubiera que ceder a las exigencias de un partido minoritario y nacionalista, al que poco o nada le importa defender una Constitución y un Estatuto en los que no cree, concediéndole lo que negaba ayer al Gobierno vasco.

Si eso sucediera, el daño a los fundamentos de nuestro Estado democrático sería tan considerable e irreparable como la desolación y la frustración que experimentarían quienes apoyan al Gobierno vasco y al lehendakari López, y aun mantienen la ilusión de que el cambio que lidera se consolide en el País Vasco.

 fuente. EL PAÍS (ed. País Vasco)

Para fundamentarlo, les propongo hacer un pequeño test a la economía real. Me fijaré en el PIB, que es la variable que determina cosas tan importantes como el empleo, el bienestar o las cuentas públicas. Como saben, su valor es igual al consumo (privado y público), sumado a la inversión (privada y pública) y sumado al resultado de restar las importaciones a las exportaciones. Conviene fijarse en el consumo y la inversión privada y en las exportaciones. ¿Qué nos dicen los datos publicados estos días por el INE, el Banco de España y la Administración Tributaria? Hay buenas noticias.

Después de dos años horrorosos, el consumo se ha recuperado, y con fuerza. En el segundo trimestre creció un 5%, después de hacerlo un 4% en el primero. No es un dato aséptico, es también un termómetro de los animal spirits de los consumidores, de su confianza en el futuro. Dime cuánto consumes y te diré tu estado de ánimo.

¿Se mantendrá o volverá a desplomarse? La respuesta depende de otra pregunta: ¿Por qué el ahorro familiar creció a niveles enfermizos en los dos últimos años? ¿Porque había que ahorrar mucho para pagar las deudas, o por la incertidumbre y el miedo al futuro? Yo me apunto a la opinión de José Carlos Díez, de Intermoney, cuyo blog les recomiendo. Fue el miedo. A medida que las brumas sobre el futuro se van despejando y el miedo remite, el ahorro vuelve a sus parámetros normales y el consumo se reanima. Pequeños incrementos en el IVA no van a romper esa confianza.

¿Y la inversión? Aquí hay otra buena noticia. Los datos del INE nos dicen que a pesar del desplome de la inversión inmobiliaria y en obra pública, la inversión empresarial se mueve. Esto significa que los animal spirits de muchos empresarios industriales y de servicios muestran disposición a seguir invirtiendo en proyectos productivos y rentables. Y esto es importante.

Siendo dos buenas noticias, la que más me gusta es la tercera: la evolución de las exportaciones. Los datos siguen siendo más que alentadores. De ellos ya hablé en un artículo reciente en este mismo diario [¿Quién tirará de la economía y del empleo?, 17/08/2010]. Se mantiene la mejora de nuestras exportaciones de bienes y servicios no turísticos, con un crecimiento del 16,3% en el primer semestre. Eso indica la existencia de un tejido empresarial capaz de fajarse en mercados exteriores (aunque no todo el monte es orégano y quede mucho por mejorar). Y esto es importante para el crecimiento, a corto y largo plazo.

Rémoras para la mejora del PIB las hay: tamaño empresarial, deficiencias en la estructura de capital y en los modelos de financiación de las empresas, mercado de trabajo mejorable… Cada uno puede hacer su propio listado. Pero más que una lista farragosa de las mil y una “reformas pendientes”, conviene fijarse en la restricción más restrictiva. Para mí, a corto plazo, es la enorme masa de capital que está en manos muertas, improductivas (en inmuebles, tanto residenciales como empresariales, que están sin uso y que lastran la economía).

Comparto la opinión de Francisco Pérez, de la Universidad de Valencia y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), cuando afirma que incluso para las perspectivas del empleo, la reforma más urgente no es la del mercado laboral (aunque no sobre), sino la eliminación de esas manos muertas. Hay que reasignarlos hacia manos productivas. El camino a seguir consta de dos pasos: primero pasarlos a manos de las entidades financieras acreedoras; y a continuación, que estás los reasignen, a un precio que permitan comprarlos, para utilizarlos productivamente.

Este proceso ha estado bloqueado por el retraso en poner en marcha el FROB y por el estado de shock que vivió la banca española al cerrársele el acceso a los mercados internacionales de crédito. Pero esas dos restricciones han desaparecido, y ahora bancos y cajas pueden ir recuperando su papel de suministro de crédito a empresas y familias. Eso será sangre nueva para el crecimiento.

Por lo tanto, después de dos años de oscuridad, amanece de nuevo para la economía española. No es para tirar las campanas al vuelo, pero no es poco, como en la película de José Luis Cuerda.

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Antón Costas Comesaña es catedrático de Política Económica de la UB.

 fuente: NEGOCIOS-El País

S’ha de reintroduir la lluita contra el canvi climàtic, solapada per la crisi, en l’agenda de riscos globals

Després de Copenhaguen, el canvi climàtic sembla haver desaparegut de l’agenda política internacional. Com si les proclames que advertien del gran perill que plana sobre el futur del planeta haguessin perdut la seva raó de ser davant de la falta d’acord sobre com fer-hi front. El sopor estiuenc va esborrar de l’actualitat el relatiu fracàs de la Conferència Internacional sobre el Clima celebrada a Bonn la primera setmana d’agost i preparatòria de la pròxima cimera de Cancún. Però la proliferació de catàstrofes naturals relacionades amb les alteracions climàtiques hauria de recordar-nos la seva transcendència.

Rússia es crema i el Pakistan s’ofega. A Rússia, el foc impulsat per una calor tòrrida ha destruït un milió d’hectàrees de bosc. Al Pakistan, un monsó excepcionalment violent causa inundacions que afecten una quarta part del seu territori, desplacen 15 milions de persones i provoquen una catàstrofe humanitària. Més a prop nostre, Portugal ha tornat a cremar i, més lluny, l’Índia i la Xina també pateixen inundacions mentre la sequera provoca una altra crisi alimentària a Níger.

Altres catàstrofes, com la d’Haití, ja han desaparegut de les pantalles, encara que no se n’hagin reparat les conseqüències ni complert les promeses d’ajuda fetes sota l’impacte emocional causat per la tragèdia.

És veritat que ningú pot provar que els danys causats aquest estiu pel foc i l’aigua siguin una conseqüència directa del canvi climàtic. Però els climatòlegs ens han dit que l’escalfament global «augmentarà la freqüència de temperatures extremes (com les de Rússia) i de fortes precipitacions (com les del Pakistan)». Per això, el canvi climàtic no hauria de desaparèixer de l’agenda de la governança global, després del pic d’atenció que es va aixecar a Copenhaguen i de la frustració que van causar els resultats d’aquella cita.

La crisi econòmica ha influït canviant radicalment les prioritats i concentrant l’atenció en els problemes del curt termini. A Bonn, la defensa dels interessos particulars de cada grup de països va servir per qüestionar els avanços de Copenhaguen més que per avançar cap a un acord global vinculant a Cancún. El mateix secretari general de l’ONU reconeixia des del Pakistan inundat que Cancún podria ser un nou fracàs de les negociacions climàtiques.

Estem molt, molt lluny d’aconseguir l’objectiu, assumit pe tots, de limitar l’augment de temperatura en dos graus. Els compromisos anunciats fins ara pels països industrialitzats només permetrien arribar a la meitat de la reducció de les emissions que els correspondrien. I si aquesta és la contribució a què estan disposats els principals causants del problema, és il·lusori esperar un compromís més gran dels països en desenvolupament.

Però, a més a més, tal com es va discutir a Bonn, aquests compromisos no només són insuficients, sinó que tenen trampa. O, dit d’una manera menys abrupta, els podran aconseguir sense una reducció real de les seves emissions gràcies als elements de flexibilitat que ja contenia el Protocol de Kyoto. Per la gran quantitat de permisos d’emissió concedits a Rússia, d’acord amb la seva passada potència industrial, que pot inundar el mercat del carboni i disminuir el preu d’aquests permisos alhora que desincentivar, per tant, el desenvolupament d’energies alternatives. Pels crèdits concedits en contrapartida de la gestió de boscos, per les emissions de moment no comptabilitzades de l’aviació i pel Mecanisme de Desenvolupament Net que permet als països en desenvolupament obtenir bons de carboni finançant projectes en països en desenvolupament.

Malgrat tots els esforços, la reducció d’emissions aconseguida els últims 17 anys (1990-2007) és més aviat escassa. I les dades presentades a Bonn aporten algunes sorpreses. França, per exemple, que presumeix de la reducció d’emissions que li permet el seu gran desenvolupament nuclear, resulta que va tenir les mateixes emissions el 2007 que el 1990.

Reduir les emissions un 20% els pròxims 10 anys o dividir-les per quatre el 2050 és difícil, però no impossible. Per aconseguir-ho seria necessari un preu adequadament alt dels drets d’emissió i canviar les formes de producció i consum energètic.

Però les conseqüències de les catàstrofes climàtiques no només tenen a veure amb el clima. El model de desenvolupament no només provoca el canvi climàtic, sinó que n’amplifica les conseqüències. Les dades presentades a Bonn són reveladores: 1.000 milions de persones viuen en construccions precàries situades en terrenys inestables o en zones inundables, 400 milions de persones viuen en zones costaneres de molt poca altura, en alguns casos amb el perill que es produeixin augments del nivell del mar de només alguns centímetres.

S’ha de reintroduir el canvi climàtic en l’agenda dels riscos globals. Un bon propòsit, àmpliament justificat pels desastres causats pel foc i l’aigua en el nostre plàcid estiu. President de l’Institut UniversitariEuropeu de Florència.

 font: EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

Isidro Rodríguez, director de la

Desde su Fundación, ¿cómo reaccionaron después del discurso de Sarkozy en Grenoble a finales de julio, dando la luz verde a las expulsiones de los gitanos?

Inmediatamente a finales de julio mandamos cuatro cartas a los ministerios españoles: a Interior, a Justicia, a Política Social y a Asuntos Exteriores, pidiéndoles que por un lado se opusiesen a las medidas que estaba anunciando el gobierno francés y lo hiciesen a través de relaciones bilaterales y en espacios de la Unión Europea. Y por otro lado se pedía que nuestro gobierno hiciese valer lo que había impulsado durante su presidencia de la Unión Europea, que era impulsar la inclusión social de la minoría gitana en Europa.

La política autoritaria que se lleva a cabo en Francia contra los gitanos se está ejerciendo también en Alemania, Suecia, Italia y Dinamarca. ¿Existe una aprehensión en España?

En España no tenemos temor en este sentido porque aquí los gobiernos de las tres últimas décadas de izquierda o derecha han tenido una sensibilidad, unos objetivos hacia la integración social de los gitanos que han sido exitosos. De hecho se apunta al modelo español como referente para la inclusión de los gitanos. Ahora se trata de optar por resolver la cuestión gitana. Y no hay otra solución que apostar por la integración social para garantizar la igualdad de oportunidades en los derechos sociales, de educación, vivienda, salud y acceso al empleo. O está la otra opción elegida por Sarkozy y Berlusconi que es tomar a los gitanos como cabeza de turco para satisfacer objetivos de política interna y no resolver la situación de pobreza y de marginalización.

¿Por qué los gitanos, los roms, siempre han sido marginados a lo largo de los siglos?

Es una población que llegó a Europa en el siglo XV, en el momento en que se constituyeron los Estados Nación y en el momento en lo que primaba era la homogeneidad. Entonces, la oportunidad de mantener la identidad étnica era mantenerse al margen de la sociedad, para mantener el lenguaje, la unidad de la familia, las costumbres. Esta situación se mantuvo durante siglos. Y durante siglos los gitanos han sido estigmatizados desde los poderes públicos, sufriendo olas de expulsiones en Francia y en España donde han existido leyes antigitanas. Esto es lo incoherente de lo que ocurre hoy: estamos en el siglo XXI construyendo un proyecto europeo, y estamos dando respuestas de los siglos XV y XVI.

¿Por qué en España se logró una mejor integración de los gitanos?

La clave está en que el estado de bienestar tardó más en establecerse y cuando se puso en marcha con la llegada de la democracia se tomaron medidas universales e inclusivas con la comunidad gitana. Por ejemplo, cuando se empiezan a construir las viviendas sociales en nuestro país, en los 80, ellos se benefician, no por ser gitanos, sino por tener rentas bajas. Cuando se hace la Ley General de Sanidad también se benefician, y pueden acceder a la salud pública, cosa que no sucede en muchos países del este. Y eso cambió radicalmente sus condiciones de vida.

En Francia se reprochó a los gitanos de montar asentamientos en terrenos sin tener autorización de las autoridades locales. ¿Podría surgir este tipo de conflicto aquí?

La población gitana en España es una población muy asentada desde el siglo XVI pero ha habido focos, y todavía hay, de segregados en chabolas. Esto se ha ido reduciendo las últimas décadas. Hoy en día solo un 4% de la población gitana vive en poblados chabolados y estamos en camino de erradicarlo.

¿Qué soluciones esperan concretamente?

Esperamos por parte del gobierno español que exija al gobierno francés paralizar esas medidas y avanzar en su política de inclusión social. La segunda cosa es que todos los países europeos inviertan en la inclusión social de los gitanos, dentro de lo escrito en el Tratado de Lisboa.

¿Por qué según algunos sondeos las medidas tomadas por Sarkozy tienen buen eco en la población francesa?

Los gitanos son los chivos expiatorios. Hay unos grandes y muy arraigados prejuicios sobre ellos. Siempre se han calificado de ladrones, de depredadores. Ahora la última declaración del gobierno francés nos parece muy perversa: dicen que “no se puede admitir que otra gente de otro país consuma nuestros recursos sociales”. Eso hace que el resto de la población se oponga a los gitanos. Hay que avanzar en derechos sociales y hay que avanzar en conocer a la población gitana para disolver estos estereotipos. Luego, hay mucha hipocresía en la sociedad europea, nos movilizamos frente a la pobreza en países del tercer mundo y a los pobres marginados que tenemos al lado, que son ciudadanos europeos, les criminalizamos. Es muy inmoral.

El ministro de Interior francés se basa en los mismos clichés sobre los gitanos para defender las expulsiones…

Esa discriminación por parte de los políticos enciende la llamada del racismo porque este mensaje lo recibe la población y lo que escucha es que los gitanos son delincuentes, son malos, es el enemigo número uno en definitiva. Así se sientan las bases del racismo y luego cualquier loco, como quizás ha ocurrido en Bratislava, entra en una casa pegando tiros a una familia gitana. O se producen ataques anti-gitanos. No se puede relacionar así pero al final todo está relacionado. Se criminaliza a un grupo humano de persona y esas son las bases del racismo.

¿Qué más acciones prevén hacer para denunciar la política francesa?

Va a haber manifestaciones el 4 y el 6 en las capitales europeas frente a embajadas francesas y frente a la sede de la UE. Pero creemos que se tiene que actuar con los gobiernos. Hay que convertirlo en una oportunidad para que se aborde la cuestión de los gitanos en Europa. Hay que movilizar a la sociedad. Ella también es responsable frente a algo que no afecta sólo a los gitanos sino también al proyecto europeo. ¿Qué Europa queremos construir: la de igualdad, fraternidad y libertad o la de ciudadanos de dos categorías?

¿Se sabe qué política tiene hoy Rumania frente a la población gitana?

En Rumania los gitanos fueron hasta esclavos al principio del siglo XX. Esta sociedad tiene mucho que hacer, pero no lo puede hacer sola. Las políticas europeas tienen que funcionar allá. Hay que invertir a hacer programas de integración con los gitanos en todos los países y exigiendo eficacia.

¿Qué se dice aquí entre los gitanos de lo que pasa en Francia?

Se asustaron al verlo. Y los que en peores condiciones viven aquí, los del Gallinero, tienen claro, a pesar de las condiciones en las cuales viven, que no quieren regresar a Rumania. Que es peor allá.

¿Qué responde a la gente que dice “no se quieren integrar”?

Eso es la perversión de la discriminación y del racismo. Se les hace culpables de aquello de lo que son víctimas. Las sociedades y los estados tienen la obligación de garantizar la igualdad de derechos para todos. Y los gitanos, claro que se quieren integrar. Cuando se les trata como ciudadanos la repuesta es excelente.

 fuente: LA VANGUARDIA