“Soy dueño de mis discos y pacto su distribución”

DIEGO A. MANRIQUE – Madrid – 07/09/2010

La noticia escueta dice así: Kiko Veneno tiene nuevo disco, distribuido por Warner. Pero aquí hay elementos novedosos. Diez años atrás, Kiko se rebeló contra la gran industria musical y creó su propio sello, Ele Música: “Soy dueño de mis discos y pacto su distribución con quien se interesa”. El anterior, El hombre invisible, salió en 2005 y el periodo de elaboración de Dice la gente, “lento, incluso para mí”, obedece a asuntos enojosos.

Primero, Kiko sufre la enfermedad de Raynaud, que convierte tocar la guitarra en un sufrimiento: “No me quejo, aunque el homeópata me haya quitado todo lo que me gusta”. Hubo además un falso comienzo, con su viejo compadre Raimundo Amador. “No hubo entendimiento y no diré más. Pase lo que pase, él me hizo artista. Yo compuse un par de cosillas y Raimundo metió su guitarra. Fue un deslumbramiento total: aquello podía ser arte, si le echaba trabajo. Su ejemplo mismo me transformó: alguien que dominaba los códigos flamencos pero, tras escuchar a Hendrix, buscaba una expresión personal”.

Con Raimundo y Rafael Amador, Kiko debutó en 1977 con Veneno. Treinta años después, se congratula al comprobar que prospera un rock genuinamente venenoso, de espíritu transgresor y lenguaje directo: “Cuando escuché a Los Delinqüentes, se me erizaron los pelos del alma. Llegó luego Jairo Muchachito y mi alegría fue completa. Cuando nos juntamos, siento que todo ha valido la pena”.

Conviene recordar que, durante los ochenta, Kiko malvi-vió de la música y sacó adelante a su familia trabajando de funcionario. “Mi máximo vendedor fue Échate un cantecito, en 1992. Actuamos mucho y esperaba un buen pellizco de la SGAE. Me dieron 40 millones de pesetas. Luego hablé con Pascual González, de Cantores de Híspalis. Él se llevó 100 millones y ahí entendí que, incluso con mis canciones más accesibles, yo nunca iba a ser lo que se dice popular”.

No hay acierto sin castigo. Kiko invirtió parte de lo ganado en comprarse una parcela en Valencina (Sevilla), y construirse una casa. “Aquello se convirtió en una urbanización y nos encontramos conviviendo con gente maja pero, también, con insignes representantes de la era del pelotazo. Un día te despiertas y descubres que el enemigo te ha rodeado. Nada bueno si tu alimento es la cultura callejera. ¿Ahora? Si pudiera, me iría a la costa, adonde pudiera comer lo que pesco y lo que cultivo”.

Sí, también cultivaría marihuana. El nuevo disco incluye La rama de Barcelona, una rumba dedicada al movimiento del autoabastecimiento. “Creo en el consumo responsable; el cultivo propio echa fuera a las mafias. Detesto la cocaína, que tanto ha dañado a la música. No solo te fastidia las cuerdas vocales, te convence de que lo trivial es genial. Hasta le tengo más consideración a la heroína: hay docenas de jazzmen -y algunos flamencos- que han demostrado que se puede crear con los opiáceos. Yo soy de la generación del LSD, que usas en una época y te proporciona grandes enseñanzas, es una iniciación a los misterios de la vida”.

Dice la gente es una autoproducción de Kiko: “La primera vez que dirijo un disco mío. Tampoco hay tanto misterio: desde que grabamos Veneno sé cómo debo tratar mi voz. Luego, debes tener un equipo humano pequeño y un estudio que suene bien”. No se lo pierdan: junto a la joya que le da título, aparece una insólita adaptación de Leonard Cohen y una de sus celebradas “canciones cívicas”, Andalucía. “Además, hay bastante aire africano. Mi mayor frustración ha sido no poder pasar una temporada en Bamako: con los secuestros, te disuaden de ir a Malí”.

 fuente: EL PAÍS

Así quedó del vídeo LA RAMA DE BARCELONA

Canal YouTube de KIKO VENENO

El català Lluís Galter té 27 anys i ja va néixer en democràcia. Reconeix que amb prou feines sabia de la Guerra Civil (1936-1939) i la resistència ja en temps de dictadura, però va aprofundir en el tema arran de Caracremada, la pel.lícula que s’estrena al Festival de Venècia.

Ramón Vila, conegut com “Caracremada”  per les cremades que es va fer a la cara quan era nen, va ser l’últim guerriller antifascita maquis a Catalunya que va combatre contra la dictadura de Francisco Franco (1939-1975). “No és tant una biografia del personatge ni de la resistència”, explica el director, que va precisar que en la pel lícula “es van contraposant decisions o accions”. “Un es posa en evidència fent una sèrie de coses i els altres fent altres. A partir d’aquí cadascú que tregui les conclusions que li sembli”, indica.

Ramón Vila (encarnat per l’actor català Lluís Soler) va néixer a la localitat de Peguera en el si d’una família molt modesta, de jove es va afiliar a la CNT i després combatre en la Guerra Civil va passar a França, on va formar part de la Resistència .

Després de la Segona Guerra Mundial va ser desmobilitzat i es va posar a les ordres d’una organització anarquista a Toulousse, per lluitar contra el franquisme. Va tornar a Espanya i va participar en nombroses accions de sabotatge com destruir torres de conducció elèctrica fins a principis dels anys 50.

La pel lícula no se centra exclusivament en la lluita contra el règim, sinó que “la part més important és la revolta contra la pròpia organització per part del maquis. El maquis decideix no acatar les ordres de l’organització que diu que es retiri”, explica Galter, que mostra el seu treball a la secció Horitzons. El cineasta debutant assenyala que la resistència anarquista va tenir una estratègia “més o menys clara encara que discutible des del 45 al 51″.

El 1951, continua, quan les circumstàncies polítiques es tornen en contra perquè França canvia la seva actitud amb Franco, “Caracremada” va perdre suport. “Pràcticament tots es retiren i uns pocs es queden lluitant pel seu compte gairebé sense mitjans”.

Al principi de la dictadura la seva lluita semblava tenir una perspectiva d’èxit, però no va ser així. “Caracremada”, apunta Galter, “seguia lluitant per mantenir la resistència contra Franco, però no per aconseguir un objectiu determinat”.El cineasta gairebé no ha vist pel lícules de la Guerra Civil, però indagant sobre produccions centrades en maquis va veure que gairebé totes es van fer durant el franquisme i pintaven els maquis com a criminals despietats, sàdics, amb un maniqueisme molt enfocat a criminalitzar la resistència. Galter sent com una responsabilitat parlar del passat. “Històries com aquesta no estan tan a l’abast de la mà.

Potser a partir de treure això a la llum, encara que sigui de manera subtil i no explicant la història amb pèls i senyals, tant de bo la gent pugui començar a investigar coses o treure coses de sota les pedres .”No es tracta, conclou, de fixar-se només en la història oficial, sinó en rescatar coses una mica més invisibles”

«De ETA es vano esperar nada. Lo más recomendable ante comunicados como el presente es no hacerles el menor caso. El único género de comunicado atendible sería el que anunciase el fin definitivo de la banda, su disolución»

ANTE todo, creo que no sería honesto por mi parte ocultar que lo que ETA diga o deje de decir me parece irrelevante para la erradicación del terrorismo nacionalista, un fenómeno que está en clara recesión desde hace varios años, a través de los cuales ha quedado suficientemente demostrado que los únicos medios para terminar con semejante lacra son la acción policial y la de los tribunales de justicia, ajustadas ambas a las leyes del Estado de Derecho. Como la propia banda afirma en su comunicado, no hay atajos practicables. Es obvio que ETA entiende esta expresión en los términos de su propio delirio congénito, que la hace creerse un Estado virtual, pero cabe esperar que el Gobierno la interprete a partir de la funesta serie de experiencias acumuladas por el socialismo español en su tratamiento del problema terrorista desde la primera legislatura de Felipe González a la primera de Rodríguez Zapatero. Es decir, lo que nos debería preocupar no es si ETA tiene esta vez una intención sincera de renunciar a la violencia, sino si el PSOE posee una memoria y es capaz de extraer de la misma consecuencias prácticas.

El comunicado de ETA no presenta la mínima novedad respecto a los que anunciaron las mal llamadas «treguas» en anteriores ocasiones, si prescindimos del indecente detalle de felicitarse a sí misma por su quincuagésimo cumpleaños. Dudo de que a estas alturas sea motivo de celebración incluso para muchos de los partidarios de la izquierda abertzale, que no podrá regresar a la política sin manifestar antes, de un modo explícito e inequívoco, su condena de la banda. El resto de los vascos no tiene de qué alegrarse. Ha sido medio siglo de sufrimiento y brutalidad, del que la recuperación apenas ha empezado. Por lo demás, el comunicado insiste en lo de siempre: la disposición de ETA a optar por nuevas vías si desde el Gobierno se levantara el bloqueo político que impide alcanzar la independencia y el socialismo mediante procedimientos democráticos.

¿Cómo hay que entender esta cháchara? ¿Está reclamando ETA la legalización de sus apéndices políticos —Batasuna, PCTV, ANV, etcétera— o quizá, directamente, un referéndum de autodeterminación? Nada de eso. Como de costumbre, los terroristas recurren a la vaguedad y a la imprecisión como método. Una oferta de cese permanente de la violencia a cambio de la legalización de la izquierda abertzale y de una amnistía para los etarras presos sería, por supuesto, inaceptable, pero supondría algo concreto. Sería inaceptable, aclaro, porque cualquier Gobierno que se aviniera a negociar en tales términos se haría directamente responsable de la más que segura reanudación de los atentados al día siguiente de poner en la calle al último preso de ETA. Sin violencia, el nacionalsocialismo de la sopa de siglas de la izquierda abertzale no alcanzaría representación parlamentaria alguna. Tienen razón los que, como Joseba Arregui, sostienen que el independentismo se ha deslegitimado tras cincuenta años de violencia terrorista, pero habría que añadir que, sin la presión del terrorismo, las opciones políticas independentistas se disolverían rápidamente. Solo una ínfima minoría de la población vasca votaría por la barbarie cultural, la zozobra civil y la ruina económica inevitable —y mucho más en una época de crisis global— sin la amenaza de las pistolas o de los cócteles molotov, y eso lo saben no solamente los nacionalistas radicales, sino todos los nacionalistas, sean del PNV o de Eusko Alkartasuna, aunque a estos se les llene la boca al hablar del futuro glorioso que depararía al nacionalismo la desaparición de ETA. Lo hacen desde la íntima convicción de que la banda, de un modo u otro, no dejará de hipotecar la política vasca, y de que la primera consecuencia del desvanecimiento del terrorismo sería el hundimiento político de los secesionismos en todas sus formas.

DE ETA es vano esperar nada. Lo más recomendable ante comunicados como el presente es no hacerles el menor caso. El único género de comunicado atendible sería el que anunciase el fin definitivo de la banda, su disolución, pero está claro que no caerá esa breva. Al menos, de momento. No se dan las condiciones. La izquierda abertzale, que sobrevive en una curiosa ilegalidad no clandestina y que cuenta aún con un número significativo de alcaldes y concejales, no es el Sinn Fein, nunca lo ha sido y nunca lo será. La dirección política de ETA está en ETA, no fuera de ella. Tendría algún sentido presionar al nacionalismo radical para que rompa con la banda —aunque el resultado parece más que dudoso—, pero sería un error hacerle cualquier tipo de concesión en la confianza de que impondrá a ETA el fin de la violencia. Esto es sencillamente inimaginable, aun con un recambio de líderes. La única disyuntiva razonable que cabe presentar a la izquierda abertzale es la ruptura sin paliativos con ETA y el consiguiente retorno a la legalidad, o su marginación absoluta del sistema democrático. No cabe otra, y sería del todo inadmisible que cualquier charlatán inédito en comisión de servicios de la banda, como lo fue en su momento Arnaldo Otegui, volviera a suscitar esperanzas en el Gobierno y se granjease de su presidente el marbete de «hombre de paz» sin coste alguno.

¿QUÉ pretende entonces ETA con el último comunicado de «alto el fuego»? Lo de siempre. No ofrece nada concreto, salvo la tregua, que le permite asumir, con el pretexto de su voluntad de diálogo, la apariencia de un interlocutor benevolente, a la espera de que el Gobierno haga el primer movimiento. Y en esto no conviene engañarse. Cualquier respuesta a dicho comunicado que denote, aunque sea mínimamente, que se concede a ETA algún grado de credibilidad será rentabilizado de inmediato por la banda como una victoria moral y deslegitimará no solamente al Gobierno, sino al Estado mismo. Los casos precedentes en que la banda consiguió minar a este, gracias a la estupidez y al oportunismo de los dirigentes socialistas, son como para tenerse en cuenta. Por supuesto, sería terrible enterarse de que, como insinuaba hace algunos meses Jaime Mayor Oreja, el Gobierno o el partido que lo mantiene han sostenido negociaciones secretas con la izquierda abertzale con vistas a un cambalache que despeje los obstáculos legales para la participación de la misma en las elecciones locales a cambio de este miserable anuncio de tregua. Espero sinceramente que no sea así, porque, de lo contrario, estaríamos ante la prueba definitiva de que el socialismo español solo sirve para socavar la legalidad democrática. En lo personal, representaría una decepción insuperable, porque el propio pacto de gobierno en el País Vasco entre el PSE y el PP se revelaría como una maniobra socialista para encubrir una operación partidista y, además, lo que es peor, absurda y nociva. Mis esperanzas de que en mi tierra natal existan aún fuerzas capaces de restaurar una auténtica democracia se derrumbarían, así que prefiero no pensarlo mientras, como ETA, me mantengo a la expectativa de la reacción del Gobierno, haciendo votos para que esta llegue en el sentido diametralmente opuesto al previsto por los terroristas.

fuente: ABC

Por el momento, el último comunicado sigue perteneciendo al género preferido por los estilistas de la banda: la política-ficción. No solo nos perdonan la vida, a pesar de lo mal que nos hemos portado, sino que nos dan otra oportunidad de convertirnos en buenos demócratas, aunque sea en el nivel inferior y mínimo. El más elevado lo ocupan ellos, claro, y justo un poco por debajo Batasuna, guardiana de las vías exclusivamente pacificas. A los demás se nos da ocasión de convertirnos y volver al redil. Ellos, por su parte, están dispuestos a olvidar generosamente el pasado: que se les pague lo que se les debe políticamente, y por lo demás sin rencores, pelillos a la mar.

Pues va a ser que no. Democracia es lo que hay, no lo que ellos y sus servicios auxiliares han querido imponernos. Los que no tendrán más remedio que cambiar el chip son precisamente quienes no han logrado cambiar por la fuerza a todo el resto de la sociedad. Para que se vayan haciendo a la idea: el País Vasco después de ETA será el que hemos defendido estos años contra ETA, no el que ETA pretendía instaurar ni tampoco un acomodaticio cruce entre ambos.

De ahí no nos han movido por las malas, ni tampoco nos moverán por las buenas… O las engañosamente buenas. Por supuesto, Euskadi seguirá transformándose y modificando su rumbo político, como el resto de España, pero lo hará de acuerdo con sus mayorías democráticas y no para acoger a quienes solo son demócratas con condiciones. Que los etarras no se ocupen de hacer política, que para llegar a ese oficio todavía les faltan dos pasos importantes: entregar las armas y rendir cuentas de sus fechorías.

Probablemente esta frenada turbulenta y rechinante es a cata y prueba: hasta ver si Batasuna o cualquiera de sus filiales logra obtener plaza en las próximas elecciones. Un atentado a destiempo obligaría a los abertzales a definirse con su silencio o su condena, ambos escenarios malos para la causa. De modo que, de momento, nada de agresiones, para que cuando se exija a Otegi y compañía que condenen a ETA o renuncien a la lucha armada puedan decir con tono de inocencia ofendida: “¿Qué vamos a condenar y a qué vamos a renunciar? Pero si de eso ya no hay…” Y si llega la cita electoral y no logran colarse de rositas, ya veremos si el motor del camión no vuelve a ronronear de nuevo, amenazando con ponerse en marcha…

 fuente: EL PAÍS

ABC: Sólo la rendición

EL PAÍS: ETA en su callejón

LA VANGUARDIA: Frustrante

EL PERIODICO: Una resposta ferma , intel.ligent i unitària

LE MONDE: Scepticisme après l’annonce d’un cessez-le-feu de l’ETA

THE NEW YORK TIMES: Basque Group Announces a Cease-Fire

Cuando el presidente del Gobierno anuncia que está dispuesto, para obtener el apoyo del PNV, a pactar nuevas transferencias dentro del marco estatutario, incurre en la más flagrante desviación de poder y subvierte las bases esenciales y los principios que inspiran al Estado autonómico. Con esa declaración Rodríguez Zapatero viene a reconocer que la formalización de esas transferencias pendientes, así como su contenido o valoración, puede depender de que llegue a un acuerdo con el PNV.

Cualquier estadista que merezca tal calificativo debe saber que el transferir las competencias es algo obligado si las mismas se integran en lo previsto en el Estatuto, y que el uso del artículo 150.2 de la Constitución sólo es lícito si el resultado conviene a la mejor organización y funcionamiento de los poderes públicos, para beneficio de los ciudadanos españoles en su conjunto.

Lo que no se puede admitir es un desarrollo constitucional y estatutario condicionado por el juego de alianzas políticas, que agrave las asimetrías inevitables y originarias del Estado autonómico previsto en la Constitución, en el que de manera inaudita el pacto se cocine con un partido de la oposición en vez de con el Gobierno vasco, a quien por ley le corresponde ser el único interlocutor del Gobierno de la nación, y que el cauce elegido sea el de la negociación presupuestaria en vez del establecido en el Estatuto.

Ya el pasado año Rodríguez Zapatero hizo algo insólito e inadmisible: para obtener sus votos otorgó al PNV un derecho de veto, por un año, de las transferencias sobre política de empleo que el Gobierno vasco había negociado. Nunca se había dado una violación estatutaria y un desaire a un Gobierno autonómico de tal calibre. Si ahora el buen fin de la negociación con el PNV dependiera de la transferencia de determinadas competencias, con un determinado contenido o valoración, no sólo estaríamos ante un uso torticero del poder, sino que además se enviaría un mensaje desolador a quienes creen en el cambio político en Euskadi: el Gobierno vasco no pinta nada; ni siquiera sabe valorar las competencias a recibir; la normalización democrática y el cambio político en Euskadi ceden ante la necesidad de Rodríguez Zapatero de agotar su legislatura; y quien manda de verdad aquí es el PNV, el único que defiende los intereses de los vascos y obtiene resultados tangibles.

Si para lograr el apoyo del PNV hubiera que poner en almoneda al Estado, y de paso lanzar un torpedo letal al proceso de cambio en Euskadi, más valdría que Rodríguez Zapatero convocara elecciones generales, sin excusarse por la crisis económica actual, que probablemente se resolvería mejor, como en el Reino Unido, después de las mismas.

Cuando un presidente tiene que cambiar radicalmente el programa con el que se presentó a las elecciones, por el que fue votado e investido; cuando está tan aislado que sólo resistiría a base de pagar un precio exorbitante al PNV, comprometiendo la estructura del Estado, algo que en todo país democrático sensato queda al margen de lo negociable en unos presupuestos; cuando precisamente la difícil situación económica exige un Gobierno fuerte; cuando todo ello ocurre, es cuando más se necesita que los ciudadanos se expresen en las urnas. En democracia existen unos usos y reglas que, aún no escritas, se deben respetar, como la de dar la palabra a los ciudadanos si el escenario político actual y su futuro inmediato son radicalmente distintos de los que se percibían cuando en 2004 fueron elegidos el Congreso y el Senado, y si el presidente defiende y propone lo contrario de lo que ofrecía y aseguraba todavía hace pocos meses.

Si a un secretario general se le puede disculpar que actúe en términos de conveniencia partidaria, el presidente de cualquier Gobierno democrático sólo puede decidir y actuar desde la ética de la responsabilidad, en función de lo que en cada momento conviene a la nación y a los ciudadanos. Y el cumplimiento de esta exigencia democrática no puede demorarse o soslayarse, si para ello hubiera que ceder a las exigencias de un partido minoritario y nacionalista, al que poco o nada le importa defender una Constitución y un Estatuto en los que no cree, concediéndole lo que negaba ayer al Gobierno vasco.

Si eso sucediera, el daño a los fundamentos de nuestro Estado democrático sería tan considerable e irreparable como la desolación y la frustración que experimentarían quienes apoyan al Gobierno vasco y al lehendakari López, y aun mantienen la ilusión de que el cambio que lidera se consolide en el País Vasco.

 fuente. EL PAÍS (ed. País Vasco)

Para fundamentarlo, les propongo hacer un pequeño test a la economía real. Me fijaré en el PIB, que es la variable que determina cosas tan importantes como el empleo, el bienestar o las cuentas públicas. Como saben, su valor es igual al consumo (privado y público), sumado a la inversión (privada y pública) y sumado al resultado de restar las importaciones a las exportaciones. Conviene fijarse en el consumo y la inversión privada y en las exportaciones. ¿Qué nos dicen los datos publicados estos días por el INE, el Banco de España y la Administración Tributaria? Hay buenas noticias.

Después de dos años horrorosos, el consumo se ha recuperado, y con fuerza. En el segundo trimestre creció un 5%, después de hacerlo un 4% en el primero. No es un dato aséptico, es también un termómetro de los animal spirits de los consumidores, de su confianza en el futuro. Dime cuánto consumes y te diré tu estado de ánimo.

¿Se mantendrá o volverá a desplomarse? La respuesta depende de otra pregunta: ¿Por qué el ahorro familiar creció a niveles enfermizos en los dos últimos años? ¿Porque había que ahorrar mucho para pagar las deudas, o por la incertidumbre y el miedo al futuro? Yo me apunto a la opinión de José Carlos Díez, de Intermoney, cuyo blog les recomiendo. Fue el miedo. A medida que las brumas sobre el futuro se van despejando y el miedo remite, el ahorro vuelve a sus parámetros normales y el consumo se reanima. Pequeños incrementos en el IVA no van a romper esa confianza.

¿Y la inversión? Aquí hay otra buena noticia. Los datos del INE nos dicen que a pesar del desplome de la inversión inmobiliaria y en obra pública, la inversión empresarial se mueve. Esto significa que los animal spirits de muchos empresarios industriales y de servicios muestran disposición a seguir invirtiendo en proyectos productivos y rentables. Y esto es importante.

Siendo dos buenas noticias, la que más me gusta es la tercera: la evolución de las exportaciones. Los datos siguen siendo más que alentadores. De ellos ya hablé en un artículo reciente en este mismo diario [¿Quién tirará de la economía y del empleo?, 17/08/2010]. Se mantiene la mejora de nuestras exportaciones de bienes y servicios no turísticos, con un crecimiento del 16,3% en el primer semestre. Eso indica la existencia de un tejido empresarial capaz de fajarse en mercados exteriores (aunque no todo el monte es orégano y quede mucho por mejorar). Y esto es importante para el crecimiento, a corto y largo plazo.

Rémoras para la mejora del PIB las hay: tamaño empresarial, deficiencias en la estructura de capital y en los modelos de financiación de las empresas, mercado de trabajo mejorable… Cada uno puede hacer su propio listado. Pero más que una lista farragosa de las mil y una “reformas pendientes”, conviene fijarse en la restricción más restrictiva. Para mí, a corto plazo, es la enorme masa de capital que está en manos muertas, improductivas (en inmuebles, tanto residenciales como empresariales, que están sin uso y que lastran la economía).

Comparto la opinión de Francisco Pérez, de la Universidad de Valencia y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), cuando afirma que incluso para las perspectivas del empleo, la reforma más urgente no es la del mercado laboral (aunque no sobre), sino la eliminación de esas manos muertas. Hay que reasignarlos hacia manos productivas. El camino a seguir consta de dos pasos: primero pasarlos a manos de las entidades financieras acreedoras; y a continuación, que estás los reasignen, a un precio que permitan comprarlos, para utilizarlos productivamente.

Este proceso ha estado bloqueado por el retraso en poner en marcha el FROB y por el estado de shock que vivió la banca española al cerrársele el acceso a los mercados internacionales de crédito. Pero esas dos restricciones han desaparecido, y ahora bancos y cajas pueden ir recuperando su papel de suministro de crédito a empresas y familias. Eso será sangre nueva para el crecimiento.

Por lo tanto, después de dos años de oscuridad, amanece de nuevo para la economía española. No es para tirar las campanas al vuelo, pero no es poco, como en la película de José Luis Cuerda.

-

Antón Costas Comesaña es catedrático de Política Económica de la UB.

 fuente: NEGOCIOS-El País

Sobre la personalidad de Zapatero poco hay que decir que no sea ya de dominio general: el presidente es un hombre sin convicciones ni criterio, obsesionado con seguir en el poder, que a buen seguro estará dispuesto a ceder en lo que sea con tal de asegurarse llegar al 2012 en la Moncloa. De hecho, la diferencia entre Zapatero y quienes le precedieron en el cargo no es que él se encuentre en una situación en la que no se vieron sus colegas: todos pasaron en algún momento por lo mismo (depender de los nacionalistas para seguir), pero ninguno puso en almoneda la estructura del Estado a cambio del apoyo a su Gobierno. González, por ejemplo, prefirió disolver anticipadamente en 1996 a quedar en manos de un nacionalismo catalán, entonces mucho más moderado que el de hoy.

De hecho, en los quince años transcurridos desde entonces, se han producido dos fenómenos (incomprensiblemente) paralelos, que añaden más peligro aún a la negociación entre el PNV y Zapatero: el Estado se ha descentralizado hasta un punto que deja ya muy poco margen para negociar nuevos traspasos, pese a lo cual CiU y el PNV se han radicalizado año tras año. No es por eso de extrañar que el PNV exija ahora lo que desde siempre se ha considerado innegociable (la gestión de la caja de la Seguridad Social o las políticas de empleo) y que CiU haya anunciado que si tales competencias se transfieren al País Vasco, exigirá lo mismo en Cataluña. Detrás, claro, vendría Andalucía y luego todas las demás comunidades.

Pero, si le conviene, nada de eso le importará a Zapatero, pues, dispuesta CiU a forzar la anticipación electoral, no tiene más aliado potencial que el PNV. El presidente negociará con él, puenteando de forma políticamente insólita e institucionalmente vergonzosa al propio Gobierno vasco, que preside su correligionario Patxi López, quien, uniéndose a un clamor general en el país, le pide que resista la presión del PNV.

No hay ningún motivo, sin embargo, sino más bien todo lo contrario, para suponer que Zapatero será capaz de hacer lo que han hecho antes que él todos los presidentes españoles: negarse a poner en la misma balanza su continuidad en el poder y la cohesión territorial de España. Y, lo que es peor, no lo hay tampoco para pensar que, llegado el caso, vaya a impedírselo el actual Partido Socialista.

fuente: Roberto Blanco Valdés en LA VOZ DE GALICIA

A Zapatero se le ha llegado a reprochar haber metido en un lío al socialismo catalán con su compromiso, en 2003, de respaldar el Estatuto que saliera del Parlament. La idea sería que, ante esa oferta, el PSC no tuvo más remedio que pedir la luna. Tal vez tenía en mente el compromiso planteado en su momento por Felipe González a los vascos: que avalaría el máximo común al que llegasen. Pero precisando: el máximo que quepa en la Constitución.

Seguramente no incluyó esa cautela porque no podía imaginar que los dirigentes del PSC fueran a tomarle la palabra tan literalmente e impulsar un proyecto que desbordaba los límites constitucionales por muchos costados, pese a que lo presentaron como de “impecable adecuación a la Constitución y a sus valores” (Maragall).

De lo que sí fue responsable Zapatero es del acuerdo con Artur Mas para que se incorporase al consenso del tripartito en torno a su proyecto de Estatuto, en 2005, y luego (enero de 2006) para pactar con él las enmiendas a aceptar en el Congreso a fin de eliminar los rasgos más visibles de inconstitucionalidad y desatascar su tramitación. Casi 150 artículos hubieron de ser modificados, sin evitar que quedasen algunos restos de probable inconstitucionalidad y puntos ambiguos, susceptibles de interpretaciones diversas. El condicionamiento que supuso el acuerdo con Mas resta peso al argumento de que un Estatuto votado en Cortes y refrendado no debería poder ser recurrido.

El acuerdo Zapatero-Mas incluía el compromiso de forzar la retirada de Maragall a fin de despejar el acceso del líder de CiU a la presidencia catalana. Lo que fue considerado una genialidad táctica de Zapatero se revelaría como su segundo error más grave. Por una parte, radicalizó la posición del propio Maragall, que acabaría abandonando el PSC; por otra, la agilidad de su sucesor, José Montilla, para adelantarse a pactar la continuidad del tripartito, privando a Artur Mas de la presidencia tras haber ganado las elecciones, hizo que se sintiera engañado, lo que radicalizó su discurso.

Ahora, tras el largo rodeo del Estatut, el líder convergente ha regresado al punto de partida: se presentará a las elecciones reclamando un concierto a la vasca. Es decir, la soberanía fiscal como respuesta a lo que se consideró insuficiencia de la financiación catalana, especialmente en el capítulo de inversiones del Estado. Montilla ha argumentado que ese planteamiento no tiene encaje constitucional. Pero eso ahora importa muy relativamente a Mas porque el otro punto central de su programa es el reconocimiento del derecho a decidir, formulación que a partir de Ibarretxe significa que una nación no tienen por qué someterse a cortapisas constitucionales. La definición de Cataluña como nación tendría un fundamento no solo ideológico sino funcional: justificar un tratamiento fiscal tan singular como los de los territorios forales.

Se habría repetido lo que ocurrió en el País Vasco en los comienzos de la Transición: la adopción por los partidos que no se definían como nacionalistas de la retórica, y a veces el programa, nacionalista hizo que quienes lo eran genuinamente se vieran impulsados a radicalizar su propio discurso. En Cataluña, un efecto de la radicalización del PSC en torno al Estatut -incluyendo su discurso de considerar la sentencia del Constitucional una “ofensa” al pueblo catalán- puede ser el pase del nacionalismo cívico representado por Pujol padre al soberanismo de Pujol hijo, que ya ha insinuado la posibilidad de promover la insumisión fiscal de Cataluña si no se reconocen sus derechos.

Las encuestas pronostican un triunfo amplio de CiU en las autonómicas, pero un empate técnico con el PSOE si hubiera ahora elecciones generales (según el barómetro de junio del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat). Este último dato invita a relativizar otras tendencias también registradas por los sondeos. Por ejemplo, el crecimiento del independentismo, tan visible como compatible con el hundimiento en las mismas encuestas del voto al único partido parlamentario explícitamente independentista, ERC, y con la participación decreciente en los sucesivos referendos soberanistas registrados esta temporada.

El contraste entre elecciones generales y autonómicas es más llamativo a la vista de la participación: en las generales la media de las celebradas hasta ahora es del 73%, muy similar a la media española; en las catalanas es mucho menor, del 60%, seis puntos por debajo de la media de las autonómicas en el conjunto de comunidades. Hay una cierta contradicción en el énfasis con que se afirma que los españoles ignoran la realidad profunda de la nación catalana y esa pasividad electoral a la hora de ejercer su autogobierno; como si les interesase más quien Gobierna desde La Moncloa que quien dirige la Generalidad.

Son datos a tomar en cuenta a la hora de realizar un balance de la operación política que se inicia con el pacto que da origen al tripartito sobre la base de un nuevo estatuto de factura confederal. Sin embargo, ningún error anterior es comparable con el que supone que un partido de Gobierno en Cataluña y en toda España haya dejado, tras la sentencia del TC, la defensa de la Constitución en manos de la derecha.

 fuente: EL PAÍS

Todas las medidas  tienen una característica en común: son reformas impopulares a corto plazo que conllevan un alto desgaste electoral y cuyos beneficios son perceptibles solo a medio-largo plazo. Zapatero ha iniciado el programa de reforma de forma parcial y con retraso. De su generalización y de su éxito depende el interés de todos. Rajoy quizás pueda ganar las elecciones apostando por su fracaso, pero gobernará un país más pobre y con menos futuro. Hay pocas razones para el optimismo y muchas para afear las frases vacías y los regates en corto.

El impacto de la reciente crisis financiera en la economía española ha convertido la reforma del modelo de crecimiento en algo más que un eslogan para ganar elecciones o debates. La idea no es nueva: desde la estrategia de Lisboa hasta el último programa electoral del PSOE, el diagnóstico y los objetivos son claros: hace falta aumentar la productividad a través de un modelo de crecimiento basado principalmente en educación e I+D+i que sea sostenible desde un punto de vista ambiental y garantice la equidad en términos de oportunidades independientemente del origen socioeconómico; un modelo que aspire, en definitiva, a la sinergia entre crecimiento e igualdad.

Estos objetivos suenan muy bien, y la crisis económica representa una oportunidad política de realizar una serie de reformas que deberían haberse abordado hace tiempo. Pero en este tema la distancia entre la retórica política y la realidad económica es especialmente larga. Las dificultades inherentes a un cambio de esta naturaleza son sustanciales. Una reflexión seria sobre la situación actual implica abordar dos preguntas: qué hace falta cambiar para alcanzar los objetivos y cuáles son las condiciones políticas necesarias para llevar a cabo esos cambios.

En relación a la primera pregunta, la clave estriba en combinar flexibilidad y seguridad en los mercados de trabajo. La flexibilidad es necesaria para garantizar un mejor encaje entre formación y empleo, aumentando así la productividad. La seguridad es necesaria como incentivo para que los trabajadores inviertan en su propia formación y sacrifiquen beneficios presentes por mayores beneficios futuros. Esto promovería una oferta de trabajo adecuada a una economía cada vez menos dependiente de actividades intensivas en trabajo de baja productividad.

La flexibilidad requiere un mercado más desregulado y un sistema de formación de capital humano adecuado a los nuevos desafíos económicos. Esta flexibilidad debe también estar cimentada en un mercado de trabajo más justo y es incompatible con la dualidad existente en España, donde las diferencias entre trabajadores demasiado protegidos y trabajadores/parados atrapados en la precariedad tienen consecuencias económicas y sociales dramáticas. Entre otros efectos, como analizaba recientemente Guillermo de la Dehesa (EL PAÍS, 13-06-2010), la dualidad provoca un desfase insostenible entre productividad real y productividad potencial.

La seguridad, por otro lado, se consigue no solo reforzando y ajustando la formación de capital humano, sino también garantizando las rentas durante los periodos de transición con prestaciones generosas y desarrollando políticas activas que faciliten la transición de trabajadores de sectores en declive a sectores en auge (la tan cacareada flexicurity de los países escandinavos, ahora olvidada por el Gobierno).

Para que el cambio de modelo funcione, ambos objetivos son necesarios: la flexibilidad sin seguridad implica desigualdad y conflicto. La seguridad sin flexibilidad implica ineficiencia. Para evitar estos escenarios, el Gobierno necesita combinar la reforma laboral con una reforma educativa -en especial de la educación superior-, una reforma fiscal que genere los recursos necesarios para afrontar las reformas y distribuya sus costes de manera equitativa, y una reforma de la Administración que genere eficiencia en el uso de esos recursos.

Una fiscalidad más justa es condición indispensable para la transformación de la economía española. La subida de impuestos a las rentas altas que previsiblemente serán parte de los Presupuestos que el Gobierno anunciará el mes que viene es un buen comienzo. Pero el apoyo político de la austeridad propuesta por Zapatero depende de una percepción pública de que el sistema fiscal es justo, y esto será difícil de promover sin abordar el problema del fraude fiscal (considerado por algunos analistas como una consecuencia inevitable de incrementar los impuestos, en vez de una grave asignatura pendiente que nos diferencia de otros países europeos más igualitarios). Las mejoras en el sistema educativo, en políticas activas o en la inversión en I+D+i serán financiadas por dinero público o no serán. Si esta crisis va a servir para promover un cambio del modelo de producción, la cuadratura del círculo (promoción de nuevas políticas y, al mismo tiempo, equilibrio fiscal) tiene que estar sostenida por la percepción de la mayoría de los votantes que estas medidas son justas.

La tarea es enorme. Es obvio que, como el propio Zapatero reconocía en diciembre, culminar estos objetivos trasciende “las posibilidades de una sola ley, sino también las de un solo Gobierno y de una sola legislatura”. Pero no es solo cuestión de tiempo, sino sobre todo de voluntad política, y eso quizás nos ayude a entender por qué no se ha avanzado más deprisa. Todas las medidas descritas hasta ahora tienen una característica en común: son reformas impopulares a corto plazo que conllevan un alto desgaste electoral y cuyos beneficios son perceptibles solo a medio-largo plazo.

En estas circunstancias es difícil pensar en un cambio de modelo sin la colaboración y el acuerdo entre los partidos y los actores sociales. En este sentido, hay pocas razones para sentirse optimista. La situación propicia, de nuevo, que los incentivos políticos a corto plazo socaven la política de las reformas. Sindicatos y patronal parecen igualmente dominados por estrategias miopes y no se dan cuenta de lo que está en juego. Los partidos no les andan a la zaga. Entre involucrarse en el diseño de un programa de reformas estructurales, y por tanto hacerse corresponsable, o embarcarse en una escalada de populismo sin propuestas alternativas coherentes, el PP parece haber elegido esto último. Por su parte, entre afrontar las reformas de manera sistemática o concentrarse solo en los puntos de menor resistencia, el Gobierno ha optado por lo segundo.

Zapatero ha iniciado el programa de reforma de forma parcial y con retraso. De su generalización y de su éxito depende el interés de todos. Rajoy quizás pueda ganar las elecciones apostando por su fracaso, pero gobernará un país más pobre y con menos futuro. Hay pocas razones para el optimismo y muchas para afear las frases vacías y los regates en corto.

Pablo Beramendi y David Rueda son profesores de Ciencia Política en la Universidad de Oxford.

No es cuestión de repudiar el próximo atentado, si se produce. No es cuestión de afirmar que la violencia callejera no tiene lugar en la apuesta que quieren realizar. A pesar de todos los destrozos que hemos causado al lenguaje, todavía se puede decir, en euskera y en castellano, con total nitidez lo que hay que decir: condenamos la violencia terrorista de ETA, toda, no los atentados a partir de determinada fecha. Es preciso condenar toda la historia de terror de ETA. Sin selectividad alguna.

Uno.- Es bastante evidente que el conjunto ETA/Batasuna no está atravesando la mejor época de su historia, y que no saben cómo salir del túnel en el que se han metido ellos solitos, caso de que realmente deseen salir. Aunque su situación sea fuente de problemas para todos los ciudadanos, la responsabilidad de la solución también la tienen ellos, y sólo ellos.

Dos.- De tanto desear la paz, parece que estamos dispuestos a leer lo que no dicen los documentos, a escuchar lo que nunca se dice, a interpretar lo que ni con la mayor de las imaginaciones es posible interpretar, y a no leer, ni ver, ni escuchar lo que realmente escriben, dicen y hacen. Por eso se producen tantas sorpresas cada equis tiempo.

Pero las cosas están bien claras, porque las dicen con toda la claridad: el esfuerzo que están llevando a cabo es para tratar de salvar de la quema, de la quiebra total, parte de su proyecto. El esfuerzo que están llevando a cabo es para tratar de transformar la derrota, ya inevitable y a la vista, en una victoria. El esfuerzo que están tratando de llevar a cabo es el de adecuar tácticamente su estrategia a la situación creada por la actuación del Estado de derecho y la democracia, y no porque su capacidad reflexiva les haya convertido a la democracia.

Tres.- Si para ellos está en juego la democracia, cuánto más para nosotros. Ellos mismos y sus asesores internacionales, los expertos en marketing político que contratan, lo dicen bien claramente: sólo permitiendo que Batasuna acceda al juego democrático llegará la democracia a Euskadi y con ello a España. Nunca hablan de incorporarse a la democracia ya existente, por muy defectuosa que sea como todas. Con lo que están diciendo que ha habido razones para la lucha armada, aunque ahora no convenga continuar por ese camino, por razones puramente tácticas.

Será todo lo comprensible que se quiera desde el punto de vista psicológico, pero admitir que necesitan afirmar que si ahora pueden apostar por vías exclusivamente políticas es gracias a que la lucha armada ha dado sus frutos, es afirmar que la democracia llegará con ellos en las instituciones, y que lo que ha habido hasta ahora era todo menos democracia. Su necesidad psicológica, si lo es, es inadmisible para quienes en la Transición apostamos por la democracia y el Estado de derecho. ç

Cuatro.- En un momento como el presente es crucial saber qué es lo que se debe defender y lo que se debe pedir a quienes dicen estar dispuestos a apostar por vías exclusivamente políticas. En primer lugar la condena de la violencia terrorista, con todo lo que implica. No es cuestión de repudiar el próximo atentado, si se produce. No es cuestión de afirmar que la violencia callejera no tiene lugar en la apuesta que quieren realizar. A pesar de todos los destrozos que hemos causado al lenguaje, todavía se puede decir, en euskera y en castellano, con total nitidez lo que hay que decir: condenamos la violencia terrorista de ETA, toda, no los atentados a partir de determinada fecha. Es preciso condenar toda la historia de terror de ETA. Sin selectividad alguna.

Cinco.- La otra cara de la moneda de la condena de toda la historia de terror de ETA es la afirmación de que desde la Transición existe un Estado de derecho, una democracia legítima, y que no necesita de la llegada a ella de quienes apostaron por la ruptura violenta para alcanzar su legitimidad.

La democracia y el Estado de derecho que es España está legitimado doblemente, por la palabra de los ciudadanos con sus votos, en los referéndums específicos celebrados para ello, y por la sumisión del ejercicio del poder al imperio del derecho. Sumisión capaz de exigir la corrección de las actuaciones contrarias al derecho y declarar su ilegitimidad de raíz.

Seis.- Los asesinatos perpetrados por ETA para la consecución de su proyecto político poseen, además de su dimensión ética, más allá de la dimensión personal del sufrimiento causado a los familiares y amigos de los asesinados, una dimensión pública, una dimensión política innegable. Se debe evitar reducir la exigencia a los terroristas asesinos que estén dispuestos a romper con la organización ETA al plano de actuaciones relevantes en el ámbito privado: petición de perdón, reconocimiento del daño personal causado.

El terrorismo de ETA ha sido un terrorismo político y su solución pasa irremediablemente por el reconocimiento de lo que constituye la dimensión política, la dimensión pública de lo que, en las personas de los asesinados, quisieron destruir. La posibilidad del duelo privado al que tienen derecho las víctimas familiares de los asesinados no será posible sin la garantía de la pervivencia del marco público a cuya destrucción estaban dirigidos los asesinatos de sus seres queridos. Sería terrible que se les pidiera perdón, pero se reafirmaran en el mismo proyecto político, y que éste resultara triunfante: la derrota definitiva de los asesinados.

Siete.- Cada vez que leemos más de lo que hay en los documentos, cada vez que interpretamos en lo que escriben y dicen más de lo que soportan las palabras, cada vez que deducimos de lo que sugieren, pero nunca dicen, esperanzas definitivas estamos reduciendo la presión para que den el paso definitivo, les permitimos que sigan creyendo que toda la historia de terror ha servido para algo, que estamos nosotros dispuestos a desdecirnos de nuestra historia en lugar de exigirles a ellos que se desdigan de la suya.

La historia enseña, sin embargo, que sólo la presión proveniente de la convicción del Estado de derecho es lo que les ha movido. Es comprensible su enfado cuando perciben que quienes les han hecho creer cosas imposibles son incapaces de dar cumplimiento a sus promesas, porque significaría tanto como el harakiri del Estado de derecho.

No permitamos que nos mareen, pero tampoco les mareemos a ellos con horizontes imposibles. Y tengamos claro lo que tenemos que defender: la libertad de los ciudadanos.

Joseba Arregi, EL CORREO, 28/8/2010