Montilla bate records multando a comerciantes por rotular en castellano

Que el Partido “socialista” de Cataluña  ha claudicado ante el nacionalismo más radical y excluyente, muchos ciudadanos de izquierdas de Cataluña lo sabemos hace años. La gran esperanza que supuso la llegada de la izquierda al poder  autonómico después de más de 20 años de gobierno conservador nacionalista de Pujol, trufado de corrupción, clientelismo y visión cerrada de la sociedad, pronto se vió defraudada en cuanto se comprobó que con esta “izquierda”, en vez de taza, tuvimos que empezar a tragar “taza y media”.

Una de los aspectos donde este gobierno llamado de izquierdas ha apretado especialmente es en lo referente a las sanciones a comerciales , industriales y autónomos que libremente deciden rotular sus negocios en castellano, no olvidemos que esta es una de las dos lenguas oficiales en Cataluña.

Por este motivo, hoy se celebra en Arenys de Mar la primera concentración popular contra esta política represora, que coharta la libertad de empresa y puede aumentar la incertidumbre económica de  muchos empresarios en esta época de crisis.

Para sumarse a la fiesta de  esta protesta el gobierno del Molt Honorable Pepe Montilla, como si de una provocación se tratara, entregó ayer en el registro del Parlamento autonómico el Informe sobre Política Lingüística de 2008. Este informe recoge que el Gobierno catalán impuso 209 multas lingüísticas ese año, por un total de 208.200 euros.

En plena polémica por la nueva Ley del cine, que impone el doblaje de la mitad de las copias de películas exhibidas al catalán, y dos días antes de la manifestación convocada por PP, C´s, UPyD y diversas asociaciones contra las multas lingüísticas, Carod-Rovira hizo públicos los datos celosamente guardados desde 2006. Ese año, el Gobierno catalán impuso 194 multas por las que recaudó una cifra mucho menor, 55.675 euros.

Desde entonces, y debido a la polémica levantada por esas sanciones, la Secretaría de Política Lingüística y la Agencia Catalana de Consumo se habían resistido a dar estos datos. Ahora sabemos que en 2008 las Oficinas de garantías lingüísticas de la Generalitat recibieron 870 denuncias ( en buena parte chivatazos de ciudadanos anónimos o de  entidades nacionalistas radicales  subvecionadas por el M.H.  Pepe Montilla, como Omnium Cultural o la Plataforma per la Llengua) contra otras tantas empresas o entidades privadas por no cumplir las cuotas que impone la Ley de política lingüística.

 En total, ese año la Agencia Catalana de Consumo investigó 1.575 presuntas infracciones de la Ley de política lingüística, que se tradujeron en esas 209 multas. El año anterior impuso 138 multas por motivos lingüísticos -el 18% de las multas impuestas- por las que recaudó 138.150 euros.

Estos datos explican la concentración de protesta organizada por la Coordinadora Contra las Sanciones Lingüísticas que mañana tendrá lugar en Arenys de Mar (Barcelona). PP, C´s, UPyD, Impulso Ciudadano y Asociación por la Tolerancia se han unido en esta coordinadora para denunciar la «represora» política lingüística de la Generalitat.

 Representantes de estos grupos presentaron ayer el manifiesto de la concentración, «Por una Cataluña en libertad, ¡No a las multas lingüística!» en el que reclaman que se «garantice la libertad de elección lingüística», que la Generalitat «derogue la normativa que regula supuestos derechos lingüísticos» y que la Agencia de Consumo archive todos los procesos sancionadores. Y recordaron que, con la nueva Ley de comercio presentada el miércoles en el Parlamento autonómico, el Gobierno podrá ordenar el cierre temporal e imponer una multa de hasta 100.000 euros a comerciantes que, como Rocamundi, se nieguen a rotular en catalán.

Paralelamente, ayer se supo que el próximo día 4 de febrero se celebrará el juicio por la multa lingüística impuesta a Manel Nebot, el primer comerciante que denunció la política lingüística.